Al contratar un seguro de vida lo que buscamos es que los beneficiarios establecidos en la póliza reciban una indemnización en caso de que nos pase algo. Muchas veces las compañías aseguradoras no quieren pagar, y para ello alegan las cláusulas abusivas de los contratos o simplemente que existe un defecto de forma en la póliza.

Cuando el seguro de vida no quiere pagar

Actualmente existen dos tipos de seguro de vida:

  • seguro de vida en caso de fallecimiento, en el que los beneficiarios percibirán una indemnización;
  • y seguro de vida en caso de supervivencia, que pagarán la cantidad pactada en la póliza una vez que haya vencido el contrato y que la persona asegurada siga con vida.

En numerosas ocasiones, las compañías aseguradoras se quieren ahorrar el pago de la indemnización, y para ello se escudan en los artículos 10 y 89 de la Ley de Contrato de Seguro que establecen que en caso de que las declaraciones prestadas por el tomador sean erróneas, y se hayan hecho con dolo, la aseguradora podrá abstenerse de indemnizar a los beneficiarios.

La importancia del cuestionario de salud en los seguros de vida

El artículo 10 especifica la importancia de que el asegurado rellene un cuestionario de salud (antes de la conclusión del contrato), para valorar el riesgo, y así poder cuantificar la prima a pagar.

En caso de que la aseguradora no realice el cuestionario al asegurado, y fallezca debido a alguna enfermedad, la aseguradora quedará obligada a indemnizar a los beneficiarios ya que no formalizó el contrato con las formalidades exigidas.

Cuando se rellena el cuestionario de salud, el asegurado no pasa un control médico previo por lo tanto este puede desconocer si tiene alguna enfermedad o simplemente ocultarlo con facilidad.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre este hecho aclarando cómo se debe presentar el cuestionario para que sea válido:

“Se deberá firmar ante un agente de seguros y no ante un trabajador bancario.
En caso de que se firme ante este último, si el asegurado fallece por alguna enfermedad que tenía y que no declaró en el cuestionario, la aseguradora deberá indemnizar a los beneficiarios ya que el cuestionario no era válido al no haberse firmado con las formalidades pertinentes.”

Cuando el seguro de vida no quiere pagar, podrá presentar una reclamación ante el departamento de atención al cliente o el defensor del asegurado que debe existir en la entidad aseguradora. En el plazo de cuatro meses este organismo dará una resolución a la queja. Aunque la resolución no es vinculante, suele ser respetada por las aseguradoras.

Si el consumidor no está conforme, puede acudir a los tribunales de justicia o a otros sistemas de resolución extrajudicial de conflictos, como el sistema arbitral de consumo. Hay que tener en cuenta que este sistema es voluntario para ambas partes y, por tanto, es necesario que la compañía de seguros se someta voluntariamente al procedimiento.

La opción más acertada para reclamaciones de seguros de vida, es consultar a abogados expertos en la materia.

Jurisprudencia

STS, Civil sección 1 del 4 de enero de 2008 ROJ: STS 1762(2008)

El incumplimiento del deber de declarar a la aseguradora, de acuerdo con el cuestionario que ésta le someta, todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo faculta al asegurador para rescindir el contrato.

Si el siniestro sobreviviera antes de que el asegurador haga uso de esa facultad, la LCS EDL 1980/4219 prevé la reducción proporcional de la prestación.

Pero si medio dolo o culpa grave del tomador del seguro quedará el asegurador liberado del pago de la prestación, según el inciso añadido al art. 10.3 LCS EDL 1980/4219 por el artículo 3 de la Ley 21/1990 de 19 de noviembre.

Estos preceptos son aplicables a los seguros de vida en virtud de lo previsto en el art. 89 LCS EDL 1980/4219, el cual limita a un año, si no existe dolo, la posibilidad de impugnar el contrato.

El cumplimiento del deber de información que se impone al asegurado debe valorarse en relación con la declaración prestada ante el cuestionario desde el prisma subjetivo de la buena fe en relación con la finalidad del contrato y el grado de claridad y precisión del cuestionario que se le somete.

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